La creación de comisiones y las firmas de pactos en nuestro país a través de la historia han dejado un mal sabor a este pueblo, pues han sido hechas desde las elites y para garantizar la impunidad. En la actual crisis política a raíz de la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, salen sectores comprometidos con la impunidad, sugiriendo discutir entra las cúpulas partidarias, empresariales y eclesiásticas, soluciones de aposento, en las cuales siempre el pueblo es el único perdedor.
En el pasado no muy lejano, tenemos pruebas más que contundente para darnos cuentas que la creación de “comisiones” y las firmas de “pactos” entre las cúpulas, son salidas de emergencia que utilizan los sectores del poder, para evitar que se generen discusiones y transformaciones en favor de las grandes mayorías. Solo buscan borrón y cuenta nueva y salvar su sistema corrupto y clientelar.
La convocatoria del Consejo Económico y Social (CES) por parte del Poder Ejecutivo, para que sirva como “Mediador”, es una burda acción que debe de ser rechazada por cada uno de los dominicanos que nos sentimos indignados por la situación en la que nos encontramos, debido a la podredumbre del poder público y privado.
El CES, compuesto por sectores comprometidos con el gobierno y que su único objetivo es favorecer sus intereses económicos en nada es una garantía para responder al clamor de los dominicanos que exigen castigo a los responsables de generar el caos en las elecciones que le costaron miles de millones de pesos a nuestro país.
Entre los coordinadores del dialogo está el amargamente recordado Agripino Núñez Collado, quien lo preside, que también presidió la comisión creada por Danilo Medina, para “investigar” las denuncias que se realizaron sobre Punta Catalina, fueron los que le mintieron a este pueblo, diciendo que Punta Catalina fue una obra en la cual no se cometió ningún acto de corrupción en la licitación de la misma y que tampoco fue sobrevaluada.
Ante la falta de credibilidad e imparcialidad de este consejo, planteamos la siguiente posición:
- Rechazar cualquier intento de suplantar al pueblo mediante diálogos y acuerdos de cúpulas.
- Apostamos por seguir las protestas en las calles mediante cacerolazos constantes, concentraciones y otras protestas cívicas.
- Que cualquier comisión de dialogo sea conformada por elección popular de las organizaciones, asambleas, grupos sociales e instituciones gremiales. Teniendo como objetivo principal esclarecer y someter a los actores materiales e intelectuales que provocaron la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero.
- Que las históricas y profundas soluciones a la debacle institucional del país sean liderada por la juventud, que ha demostrado su vocación democrática y compromiso con los intereses colectivos nacionales.
5- Insistimos que la actual Junta Central Electoral, no es garante de organizar un procesos electoral transparentes y confiables, sirviendo como muestra de su incapacidad, que a la fecha no han podido dar una respuesta clara de lo sucedido el 16 de Febrero pasado.
6- Que todo proceso de discusión sea televisado y transmitido a través de los diferentes medios de comunicación.
7- Que la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como academia del pueblo, funja como sede de estas discusiones y que a la vez forme parte de la misma.
Finalmente, entendemos que el momento nos exige mantenernos movilizados y exigiendo, respeto para este pueblo, el cual ha sido pisoteado y golpeado históricamente, por esos sectores que hoy nuevamente pretender buscar «soluciones» de espalda al mismo y a puertas cerradas, buscando su impunidad y privilegios.
