Ministerio de la Mujer recomienda incluir y sancionar violencia política contra mujeres en ley electoral

Santo Domingo. – El Ministerio de la Mujer externó, este jueves, una serie de recomendaciones para establecer en la modificación a la Ley No. 15-19, del Régimen Electoral, entre las que se resalta el incluir, definir y sancionar la violencia política contra las mujeres dentro de las infracciones administrativas electorales.

Dicho acápite quedaría entendido como toda acción orientada a menoscabar o anular, de manera directa o indirecta, el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres mediante la realización o promoción de actos, conductas u omisiones que constituyan formas de violencia basada en género.

«De no contar con un dispositivo legal específico, que definan y sancionen la violencia política, las mujeres se enfrentan a distintos obstáculos para acceder a puestos de elección popular en condiciones de igualdad», manifestó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez a través de un comunicado de prensa.

Entre otra de las sugerencias del organismo para la referida pieza legislativa, está la paridad de género, con miras a asegurar la igualdad y la equidad de género, contenido en el artículo 39, premisa fundamental para avanzar hacia un Estado democrático, social y de derecho.

«Es imprescindible asegurar la paridad en consonancia con la Constitución que exige de los poderes del Estado que se debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control», dijo Jiménez.

En este orden, recomendó incluir un artículo específico sobre paridad de género en el que se establezca claramente que la forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, así como la permanencia y vacancia de dichos puestos.

Otra de las consideraciones es la de respetar en todo momento el principio de paridad de género, cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, en todas las demarcaciones y que se establezca responsabilidad civil administrativa a la inobservancia de esta. La paridad deberá ser aplicada de forma vertical y horizontal en la presentación de candidaturas por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

«Es importante reiterar lo que ya ha sido determinado por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior Electoral: la aplicación de la cuota de género debe observarse en cada demarcación electoral; no en la propuesta nacional de cada partido. Lo contrario constituiría una transgresión al principio de progresividad, al derecho a la participación política de las mujeres y al derecho a la igualdad y la equidad de género», especificó.

Por otro lado, sugirió incorporar dentro de la propaganda prohibida en la pre y campaña electoral la divulgación o difusión de imágenes, mensajes o información, por cualquier medio físico o virtual, que transmitan y/o reproduzcan estereotipos de género basados en relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Por último, recomendó reducir los topes en los gastos de campaña y establecer mecanismos explícitos de fiscalización de estos. Explicitar, además, que la inversión de los recursos del Estado para apoyar candidaturas a puestos de elección popular en todo el territorio nacional deberá distribuirse atendiendo a la paridad de género. Asegurar que en todo el texto de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral quede explícito el enfoque de igualdad y equidad de género.

Mayra Jiménez detalló que entre las múltiples barreras que limitan a las mujeres para competir en condiciones de equidad está el alto costos de las candidaturas, lo que las desalienta en el proceso electoral, para sostenerse en el proceso o repetir en siguientes contiendas.

En virtud de lo expuesto el Ministerio de la Mujer solicitará una reunión a la comisión especial de la Cámara de Diputados responsable de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19, a los fines de presentarle las recomendaciones.