por Andy Morales
En los últimos meses, la provincia de San Cristóbal ha sido testigo de un aumento alarmante en los casos de secuestro y violencia, principalmente dirigidos hacia menores de edad. Estos actos horrendos, que incluyen violaciones sexuales, han conmocionado a la sociedad y se han convertido en un grave detonante para la comunidad.
Las autoridades locales, los padres y la sociedad en su conjunto deben estar alerta y tomar medidas inmediatas para proteger a los niños y jóvenes vulnerables. Es vital que los padres estén más atentos a las actividades de sus hijos y que se fomente un ambiente de diálogo abierto para que los menores se sientan seguros para comunicar cualquier inquietud.
Además, instamos al Departamento de Salud Mental y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a redoblar sus esfuerzos y tomar medidas concretas para abordar esta situación alarmante. Es necesario brindar apoyo psicológico y emocional a las víctimas y sus familias, así como implementar programas de prevención y educación en las comunidades para concienciar sobre la gravedad de estos crímenes.
Dada la gravedad y el alcance de estos horrendos casos, la provincia de San Cristóbal necesita ser declarada en estado de emergencia para movilizar recursos y coordinar acciones efectivas. A través de la solidaridad y la colaboración entre la sociedad y las instituciones, podemos enfrentar este flagelo y trabajar hacia un futuro más seguro para todos.
Es fundamental que la comunidad se una en contra de esta ola de violencia, denunciando cualquier acto sospechoso y brindando apoyo a las autoridades para asegurar la justicia para las víctimas y poner fin a la impunidad.
Como sociedad, debemos enfrentar este desafío de manera unida, trabajando juntos para erradicar la violencia y proteger a nuestros niños y jóvenes. Solo a través de la cooperación y la empatía podremos superar este oscuro capítulo y avanzar hacia un futuro más seguro y esperanzador para la hermosa provincia de San Cristóbal.
